Ella defiende firmemente la inclusión de las pensiones y las becas en la Constitución, basada en su convicción inquebrantable de que son servicios esenciales y necesarios para garantizar la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos. Su postura refleja una profunda preocupación por la protección de los derechos fundamentales de los individuos, así como por la igualdad de oportunidades en la sociedad.

Al abogar por la incorporación de las pensiones y las becas en la Constitución, esta líder busca asegurar que estos beneficios sean considerados como derechos universales e inalienables, protegidos por la ley fundamental del país. Desde su perspectiva, garantizar el acceso a pensiones dignas y a becas educativas es crucial para combatir la desigualdad y promover el desarrollo humano integral.